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Sobre la pena de muerte

Por Matthieu Ricard el 16 de julio de 2009

En diciembre de 2006, el gobernador de Florida, Jeb Bush, suspendió temporalmente las ejecuciones de presos en el corredor de la muerte porque uno de ellos tardó veinte minutos en sucumbir a una inyección letal que debería haberlo matado en cuatro. Afirmó que había sido un acto de humanidad.

Yo no veo ninguna humanidad en tardar cuatro minutos en vez de veinte en matar a alguien. No podemos pretender que defendemos la justicia cuando matamos a alguien.
Ghandi dijo: «Ojo por ojo y el mundo acabará ciego».

Castigar la muerte con la muerte es un acto de venganza. No es necesario matar a una persona para evitar que cause más daños. La pena de prisión es suficiente. El Estado simplemente se concede el derecho de quitar una vida como pago.
Hace unos años, escuché hablar al padre de una víctima del bombardeo de Oklahoma en la BBC. Dijo: «Yo no necesito otra muerte más». Al matar a un asesino, no hacemos que triunfe la justicia ni mostramos respeto por las víctimas ni por sus familias. Solo añadimos más bajas al recuento. Los resultados de estudios psicológicos exhaustivos han demostrado que el dolor y el duelo de los padres encuentran un mayor consuelo y más duradero en el perdón que en la satisfacción de asistir a la ejecución de un criminal.

Los estudios comparativos realizados en estados que aplican la pena de muerte y en estados que han renunciado a ella muestran sistemáticamente que la pena capital no tiene ningún efecto disuasorio real en los índices de criminalidad.
La pena de muerte no es más que la ley del talión disfrazada con el traje de la Justicia. Como dijo Arianna Ballotta, presidenta de la Coalición Italiana contra la Pena de Muerte: «No podemos matar para demostrar al resto de la sociedad que matar es malo».

Según Amnistía Internacional, los cinco países con el mayor número de ejecuciones en 2008 fueron China (al menos 1718, probablemente muchas más), Irán, Arabia Saudí, Pakistán y los Estados Unidos de América. Estos cinco países son responsables del 93 % de las ejecuciones llevadas a cabo en 2008 y constituyen el mayor desafío para la completa abolición de la pena de muerte.